*El titular del Juzgado Cívico en Ahome asume la responsabilidad en el marco de la celebración del Foro Regional de Estudio de la Justicia Cívica en Sinaloa desarrollado recientemente en Los Mochis.
Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 13 de julio de 2026.- En el marco de la celebración del Foro Regional de Estudio de la Justicia Cívica en Sinaloa desarrollado recientemente en esta ciudad, el titular del Juzgado Cívico en Ahome, Aníbal Armenta Bojórquez fue nombrado nuevo presidente de la Federación de Juzgados Cívicos y Tribunales de Barandilla de los municipios de Sinaloa A.C.
Los titulares de Juzgados Cívicos y Tribunales de Barandilla durante la mencionada agenda de trabajo determinaron reactivar los trabajos de la Federación de Tribunales de Barandilla de los municipios de Sinaloa A. C. eligiendo a los nuevos integrantes del Consejo Directivo de dicha Asociación Civil conformada el 04 de junio de 2014.
En el marco de la celebración del Foro Regional de Estudio de la Justicia Cívica en Sinaloa, denominado: retos y avances para su implementación y la profesionalización de los encargados de impartir la justicia cotidiana, los y las titulares de Juzgados Cívicos y Tribunales de Barandilla de los municipios del estado de Sinaloa presentes, reactivaron los trabajos de la Federación de Tribunales de Barandilla de los Municipios de Sinaloa A. C., eligiendo a los nuevos integrantes del Consejo Directivo.
Por decisión unánime, Aníbal Armenta Bojórquez fue elegido como presidente; el coordinador del Tribunal de Barandilla de Culiacán, Nelson Uriel Algandar Chávez, será el vicepresidente en la Zona Centro; el Juez Cívico de Angostura, Felizardo Urías Lopez, será su suplente; y el Juez Cívico de Elota, Efraín Bernal Millán ocupa la vicepresidencia en la Zona Sur del Estado.
Dentro de las acciones a emprender en próximas fechas destaca el fortalecimiento de la figura del Juez Cívico; contar con un esquema de capacitación continua; actualización del marco normativo aplicable; la profesionalización de los actores del sistema de justicia cívica, como son los jueces, secretarios de acuerdos, asesores jurídicos o defensores públicos municipales; consolidación del Modelo Nacional Homologado de Justicia Cívica en los términos que lo plantea CEPREVSIN del SESESP; impulsar el mejoramiento de la infraestructura de los juzgados; y fortalecer el buen funcionamiento de la Federación de los Juzgados Cívicos y Tribunales de Barandilla de los Municipios de Sinaloa, A.C.
En sentido se determina que se nombrara una Comisión Jurídica y Legislativa a efecto de que se elabore proyecto de reforma a los Estatutos de la Federación, con la finalidad de armonizar su contenido con las disposiciones de lo que enmarca el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.
Finalmente, se acordó que la Federación lleve el nombre del licenciado Gabriel Rosario Peña González, por lo que se instó al Consejo Directivo para que se hicieran los trámites correspondientes ante las autoridades de uso de marcas y nombres y notariales, para que, a partir de esta fecha, la Federación de Juzgados Cívicos y Tribunales de Barandilla, tenga el nombre de Federación de Juzgados Cívicos y de Barandilla de los Municipios de Sinaloa, «Lic. Gabriel Rosario Peña González», A. C.
La determinación de que dicha Federación lleve el nombre del abogado Peña Gonzalez, se hizo como reconocimiento a su trayectoria personal y profesional, ya que dicha persona fue, desde hace más de 12 años, uno de los precursores e impulsores de la creación, constitución y funcionamiento de los orígenes de esta Federación por lejano año 2014, logrando la aplicación y el uso de los mecanismos de solución pacífica de los conflictos que eran del conocimiento de Jueces, en aquél tiempo de Barandilla, ahora Juzgados Cívicos.
Asimismo Gabriel Rosario Peña Gutiérrez puso a disposición de estas autoridades que imparten justicia cotidiana el cambio de ideología en la aplicación de las sanciones administrativas para que se impusieran medidas claras de cambio de actitudes para la verdadera atención de las causas que originaron la comisión de los infractores, como lo es el de que se canalizarán a dichas personas infractoras a instituciones especializadas en la rehabilitación para adicciones como alcohol y drogas; el que se les atendiera su salud mental para el caso de actos presuntamente constitutivas de violencia familiar; la atención integral de personas integrantes de la diversidad sexual, indígenas y desempleados; la prevención de agresiones a los infractores por parte de los elementos policiales aprehensores a través de la obligación de que un médico realice dictamen psicofisiológico antes y después de sus ingresos a las celdas, todo ello en el marco del pleno respeto a sus derechos humanos; entre otras aportaciones.
